La reforma a la ley minera en Ecuador fue aprobada el 26 de febrero de 2026 y ya está vigente, pero su implementación ha abierto un escenario de fuerte conflicto socioambiental: organizaciones indígenas, campesinas y ambientales rechazamos la norma por considerar que la ley vulnera derechos al agua, a la naturaleza y a la consulta previa, e incluso se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional solicitando la suspensión de la ley.
El principal reto para comunidades y colectivos será defender las fuentes de agua, los territorios y los derechos colectivos frente a una posible expansión extractiva con menores controles ambientales, mientras que para el Estado y las empresas mineras el desafío será operar en un contexto de creciente conflictividad social, judicialización, cuestionamientos por antecedentes de vulneración de derechos y una mayor exigencia de legitimidad social para sus proyectos.
La ley minera no solo es una reforma económica: es el detonante de un nuevo ciclo de conflictos ambientales en Ecuador.